Los políticos son personas extrañas. Persiguen objetivos determinados, pero a menudo toman medidas que van en la dirección exactamente opuesta a los objetivos que pretenden alcanzar.
Una buena muestra es la propuesta de Sumar, presentada este viernes al PSOE en el marco de las negociaciones de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), de crear nuevas un impuesto que grave los márgenes de las cadenas de supermercados con el objetivo de "rebajar la inflación de los alimentos".
El partido de Yolanda Díaz se refiere a este tributo como el "impuesto inteligente" sobre la cadena de producción y la distribución alimentaria, que sólo actuaría cuando los márgenes de beneficio de la cadena se encuentren por encima de los de 2019, año anterior a la pandemia. El impuesto bajaría al 0,6% si el margen del 2024 supera al de 2019 y se anularía si el margen es igual o inferior al periodo prepandemia.
El diablo está en los detalles
Sin embargo, todavía queda por dirimir cómo se medirán estos márgenes. Si se miden como porcentaje del total de facturación, una amplia mayoría de los retailers y fabricantes no se verían afectados, dado que han visto mermados sus márgenes durante la coyuntura inflacionaria.
Sin embargo, si el nuevo impuesto mide los márgenes en términos monetarios, podríamos encontrarnos con que muchas compañías cuentan con márgenes más altos —dado que hay más dinero en la economía y éste se ha devaluado un 26% desde 2019— a pesar de ser un porcentaje menor de su facturación total, y por tanto estarían sujetos al impuesto. En este caso, las empresas se encontrarían con una combinación de dos golpes: el de la inflación de costes y el del Gobierno.
En este último caso, es plausible aventurar que el nuevo gravamen serviría para incrementar el coste de las empresas, que de manera directa o indirecta (por una contracción de la oferta) terminaría repercutiendo en el precio final pagado por el consumidor.
"Castigar los comportamientos abusivos"
El impuesto comenzaría a devengar en 2024 y habría un pago a cuenta en febrero de 2025, mientras que la liquidación definitiva sería en julio de 2025. Según ha explicado Sumar, el gravamen castigaría "los comportamientos abusivos" de las empresas de manera gradual y se anularía cuando el mercado funcione "de manera competitiva".
"Sus efectos beneficiosos ya operarían en 2024, aunque se pague en 2025, pues el nivel del gravamen se determina por el comportamiento empresarial del año en curso", explican desde la formación.
