El gobierno balear está estudiando la introducción de un nuevo gravamen a los envases de bebidas que ha suscitado el rechazo de las industrias de alimentación y bebidas, distribución y el sector del reciclaje por considerar que es “discriminatorio y que afectará seriamente a la recuperación de la economía de Baleares".

Representantes de la cadena empresarial de producción, envasado, distribución y gestión de residuos de envases (Fiab, Anged, Asedas, Aces, Cec, Ecovidrio y Ecoembes) se han reunido con el vicepresidente económico del ejecutivo autonómico, Josep Ignasi Aguiló, para trasmitirle su total desacuerdo ante una medida “que sólo persigue incrementar la recaudación”. Las organizaciones consideran que el establecimiento de un cánon con supuestos fines ecológicos como el que se está valorando supondría una doble carga tributaria sobre la misma base imponible.

Para Aurelio Pino, representante de Aces, “lo único que van a conseguir con esta tasa es perjudicar aún más a las familias en Baleares, que tendrán que soportar un coste adicional medio de unos 100 euros sólo por el consumo de agua embotellada”.

Según los datos que barajan estas organizaciones, una botella de agua de 1,5 litros tendría un aumento del 22% en el precio, por lo que una familia de cuatro personas que consumiera sólo cuatro litros al día pagaría unos 100 euros más al año. En el caso de las latas de bebida, el incremento de los precios ascendería al 9% por unidad. Teniendo en cuenta el consumo medio de bebidas envasadas de una familia al año, el impacto medio no sería inferior a 400 euros al año. Además, estas subidas también se verían reflejadas en el Índice de Precios al Consumo.

Por su parte, Antonio Barrón, de Ecoembes, afirma que “las empresas han tenido que asumir en un corto plazo de tiempo la subida del IVA y de otros impuestos locales, con lo que es imposible que puedan también dejar de repercutir este sobrecoste en el consumidor”.

Las entidades expresan que se trata de una medida exclusivamente recaudatoria que discrimina al consumidor local frente al de otras zonas del país, por lo que el interés turístico de las Islas se puede ver perjudicado. Además, afectaría especialmente a los 4.000 establecimientos locales de comercio de alimentación, y a cerca de sus 15.000 empleos.

Las empresas representadas en estos colectivos, que suman alrededor del 15% del PIB de Baleares, ya cumplen los objetivos ambientales establecidos por la legislación de la Unión Europea.

La industria balear de alimentación y bebidas, en su inmensa mayoría pymes y cooperativas, también se vería discriminada y perjudicada por esta medida que afecta directamente a su competitividad. Los representantes de las entidades han manifestado tras su encuentro con Aguiló que “esperamos que el Govern reflexione sobre este proyecto, ya que si no se plantea dar marcha atrás, las empresas instaladas en Baleares pueden plantearse su viabilidad y su futuro en esta región”, ha destacado Paloma Sánchez, de Fiab.