Hasta 73 sociedades de la cadena de producción y comercial al por mayor del sector cárnico a nivel nacional han sido registradas por más de 300 funcionarios de la Agencia Tributaria, que está investigando operaciones de venta en negro, según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado. En el operativo han colaborado Mossos de Esquadra en Cataluña y agentes de Policía y Guardia Civil en el resto del territorio nacional.

Los registros se han realizado en sociedades establecidas en 15 comunidades autónomas y algunas empresas estaban en mercados tan importantes como Mercamadrid o Mercabarna. También se está investigando a unos 25 socios o administradores de estas sociedades. Las actuaciones son de carácter administrativo y no implican detenciones.

La operación, llamada 'Presunto', es similar a la que se hizo el año pasado en el mercado del pescado en Mercabarna.

La operación tiene su origen en la constante evaluación que lleva a cabo la Agencia Tributaria en relación con el comportamiento fiscal de los sectores económicos españoles. En el caso concreto del sector cárnico, los precios de venta al público habitualmente llegan a cuadruplicar o quintuplicar los generados en origen, lo que implica beneficios muy relevantes para el negocio del sacrificio, despiece y procesamiento de la carne. La obtención de tales beneficios por parte de los mayoristas, industriales y asentadores de carnes, no constituye, en sí mismos, actividad ilícita alguna. Sin embargo, la Inspección de Hacienda ha detectado que, en el caso de algunas sociedades del sector, formado por cerca de 3.000 empresas, esas diferencias de precios no tienen el debido reflejo en los beneficios reconocidos en la declaración del Impuesto sobre Sociedades.

A esta primera constatación se unieron posteriormente, en una fase previa de investigación, otras evidencias, ya mucho más concretas, sobre la realidad de algunos empresarios del negocio de la carne: ingresos de grandes sumas en efectivo en las cuentas corrientes de sociedades y de los propios empresarios, posesión de bienes en el extranjero, altos niveles de vida no justificados con los ingresos regulares de los socios, etc.

Tales circunstancias se vieron, a su vez, corroboradas por actuaciones inspectoras desarrolladas en diversos puntos del territorio nacional, que pusieron de manifiesto la existencia de ventas no declaradas, especialmente en el subsector del comercio cárnico al por mayor, donde se ha decidido concentrar el grueso de las entradas y registros de la operación 'Presunto'. A su vez, el hecho de que los destinatarios de estas ventas sean en ocasiones empresarios que tributan en el régimen simplificado de IVA (módulos), realizándose los pagos en un buen número de casos en efectivo, incrementa de manera notable el riesgo fiscal, ante la posibilidad de ocultación de estas operaciones.

Tras un exhaustivo análisis, la Agencia Tributaria constató que en el conjunto de las empresas sobre las que ahora se ha iniciado la actuación inspectora, que suman una facturación anual cercana a los 650 millones de euros, los márgenes de explotación (beneficios sobre cifra de negocios) eran de apenas el 1% de media, muy por debajo de la media del sector. Incluso, nueve de estas empresas venían declarando pérdidas sistemáticas.

A su vez, estas empresas manejaban un volumen de efectivo que rondaba el 11% de su facturación total, en varios casos la proporción de efectivo era superior al 50% y en dos casos concretos el efectivo incluso llegaba a representar el 85% y el 94%, respectivamente, de su facturación, por lo que se puede entender que prácticamente sólo vendían en efectivo.

RESPUESTA DEL SECTOR CÁRNICO

Tras conocerse la operación de Hacienda, el sector cárnico representado por la Confederación de Organizaciones Empresariales del Sector Cárnico de España (Confecarne) ha manifestado su rechazo "a toda posible actuación irregular o no conforme a la normativa tributaria por parte de cualquier operador del sector" e insta a todos las empresas "a cumplirla, como no puede ser de otra manera, a la vez que apoya la labor de la Administración para detectar y corregir las posibles irregularidades".

Además, Confecarne afirma que "es impropio hablar de 'operación contra el sector cárnico', lo que siembra dudas sobre el conjunto de sus empresas y perjudica seriamente la imagen de un sector que trabaja de forma responsable en cumplimiento de la legislación en todos los ámbitos de su actividad".